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El pasado 3 de junio de 2025, el Juzgado de lo Penal nº 6 de Almería dictó sentencia absolutoria en favor de nuestros representados, dos ciudadanos alemanes, acusados de una presunta tentativa de robo con fuerza en un vehículo.
Nuestros clientes venían de un concierto y se dirigían a su caravana estacionada próxima al vehículo que les acusaban de haber intentado robar. Sin esperarlo, se encontraron con la acusación de este presunto delito.
Desde el inicio advertimos deficiencias procesales graves en fase de instrucción. En el acto de juicio oral celebrado el 13 de mayo de 2025, planteamos como cuestiones previas la falta de asistencia de intérprete durante la declaración en sede policial y en la declaración en instrucción de nuestros defendidos, quienes no dominan el idioma español, así como la falta de citación personal al juicio oral para uno de ellos. Esta última vulneración fue admitida y provoco la suspensión del juicio, reanudándose el 2 de junio.
En el fondo del asunto, la defensa se centró en la única prueba existente: la declaración de un testigo que apuntaba a nuestros clientes como responsables del ilícito penal. Conforme a la jurisprudencia consolidada del Tribunal Supremo, cuando la única prueba contra los acusados es un testimonio, este debe superar el triple test de fiabilidad: ausencia de incredibilidad subjetiva, persistencia en la incriminación y ausencia de contradicciones relevantes.
Mediante un interrogatorio minucioso y dirigido con precisión, conseguimos evidenciar contradicciones sustanciales en las diferentes versiones del testigo a lo largo del procedimiento. Esta labor permitió generar una duda razonable sobre la credibilidad del único testimonio incriminatorio, lo que impidió alcanzar el estándar probatorio exigido en el proceso penal.
En consecuencia, el tribunal dictó sentencia absolutoria aplicando el principio in dubio pro reo, reafirmando el valor de la presunción de inocencia y la necesidad de prueba sólida y suficiente para dictar condena.
Un caso que demuestra la importancia de una defensa penal activa, técnica y garantista desde las fases iniciales del procedimiento.
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