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La Ley 2/2023, que transpone la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2019 sobre la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión, conocida como la Directiva de denunciantes, se aprobó en España el 16 de febrero de 2023, con un retraso de más de un año. La ley tiene como objetivo proporcionar una protección adecuada contra las represalias para las personas que informen de violaciones o incumplimientos por parte de empresas de las regulaciones europeas y españolas, y promover una cultura de información o comunicación como mecanismo para prevenir y detectar amenazas al interés público. La ley entró en vigor el 13 de marzo de 2023, pero da un período de 3meses para que las organizaciones con 250 o más empleados se adapten y hasta el1 de diciembre de 2023 para las empresas con entre 50 y 250 empleados.
Las empresas con más de 250 empleados deben tener un sistema de denuncia interna en marcha a más tardar tres meses después de la entrada en vigor de la ley, es decir, el 13 de junio de 2023. Sin embargo, las empresas con menos de 250 trabajadores tienen hasta el 1 de diciembre de 2023 para cumplir. La ley protege a las personas que denuncian actos u omisiones que puedan constituir una infracción del Derecho de la Unión Europea o una infracción penal o administrativa grave en España.
El alcance personal de la aplicación de la ley se extiende a los denunciantes que trabajan en el sector privado o público y que han obtenido información sobre infracciones en un contexto laboral o profesional. La protección también se extiende a todos aquellos que tienen lazos profesionales o laborales con entidades en el sector público y privado, los que han terminado su relación profesional, voluntarios, pasantes o aprendices en formación y las personas que participan en procesos de selección. Además, la protección de la ley se extiende a las personas que brindan asistencia a los denunciantes, a las personas en su entorno que puedan sufrir represalias y a las personas jurídicas propiedad del denunciante.
Las entidades que deben implementar un sistema interno de información son las siguientes: individuos o entidades del sector privado con50 o más empleados, entidades del sector privado que se encuentran dentro del ámbito de aplicación de la normativa específica de la Unión Europea sobre servicios financieros, productos y mercados, prevención del blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, seguridad del transporte y protección del medio ambiente y partidos políticos, sindicatos, organizaciones patronales y fundaciones creadas por ellos, en la medida en que reciban o gestionen fondos públicos.
Desde FukuroLegal les recomendamos la implantación de un canal de denuncias como el de Hintbox, ya que permite cumplir con los requisitos de forma fácil y rápida y así evitar las posibles sanciones.
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