Extracto
Las diligencias de investigación preprocesales del Ministerio Fiscal son un mecanismo clave en el sistema de justicia penal. Permiten al Ministerio Fiscal analizar hechos y valorar si existen indicios suficientes para iniciar un proceso penal. Sin embargo, al situarse fuera del proceso formal, plantean varias cuestiones jurídicas, especialmente en cuanto a las garantías del investigado y el principio de proporcionalidad.
Naturaleza de las diligencias de investigación preprocesales
Estas diligencias se desarrollan antes de la apertura de un proceso judicial y tienen como fin determinar la relevancia penal de unos hechos. Están reguladas por el artículo 5 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y el artículo 773.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y no constituyen un procedimiento judicial formal. Esto implica que no se rigen por el principio de contradicción ni por las garantías procesales propias de un juicio, lo que introduce un margen de discrecionalidad para el Fiscal, pero también limita los derechos del investigado en esta fase preliminar.
Derechos del investigado durante la investigación preprocesal
El derecho del investigado a ser informado sobre la investigación está regulado por la Ley de Enjuiciamiento Criminal y por la reforma de la Ley Orgánica 5/2015. Sin embargo, este derecho no se activa automáticamente; solo se exige cuando existen indicios racionales de criminalidad, y no con la simple recepción de una denuncia. Este filtro es necesario para proteger la fase exploratoria de la investigación, aunque puede generar situaciones de indefensión si la investigación se prolonga sin proporcionar información suficiente al investigado.
Asistencia letrada y toma de declaración
En la fase preprocesal, el investigado tiene derecho a asistencia letrada. Aunque la jurisprudencia permite que, en determinadas circunstancias, se pueda prescindir de este derecho, especialmente en actuaciones preliminares sin imputación formal, la ausencia de asistencia letrada puede afectar al derecho de defensa si la declaración tiene implicaciones sustanciales. Las garantías mínimas, como la notificación previa de los hechos imputados y la posibilidad de rectificar declaraciones, son esenciales para evitar vulneraciones del derecho de defensa.
Acceso al contenido de las diligencias
Una de las características más destacadas de las diligencias preprocesales es la limitación al acceso del investigado al expediente. Esta restricción tiene como fin evitar que se frustre la investigación, pero también puede ser un obstáculo para la defensa, especialmente cuando la investigación avanza y comienza a concretarse en una persona específica. La ley establece excepciones, pero la falta de acceso a la información crea una asimetría entre las partes, lo que exige un control riguroso cuando las diligencias se prolongan.
Diligencias vedadas y necesidad de judicialización
El Ministerio Fiscal no tiene competencias para realizar diligencias que impliquen una restricción directa de derechos fundamentales, como los registros domiciliarios, sin la autorización judicial correspondiente. En cuanto a las medidas cautelares, su adopción también corresponde a la autoridad judicial, salvo en casos excepcionales, como la detención preventiva. Es fundamental que, cuando las diligencias preprocesales impliquen medidas cautelares o la preservación de pruebas, se proceda a su judicialización inmediata.
Duración y control de las diligencias preprocesales
Las diligencias de investigación deben respetar el principio de proporcionalidad y no pueden prolongarse indefinidamente. El plazo general para su duración es de seis meses, con posibilidad de prórroga de hasta 12 meses en casos excepcionales. Esta limitación temporal es clave para evitar que la fase preprocesal se convierta en un proceso penal encubierto, con efectos sobre los derechos del investigado sin el control jurisdiccional adecuado.
Conclusión
Las diligencias de investigación preprocesales son esenciales para la preparación del proceso penal, pero su naturaleza preliminar requiere una interpretación restrictiva de las facultades del Ministerio Fiscal. La falta de principio de contradicción y el limitado acceso a la información pueden afectar los derechos del investigado, especialmente si las diligencias se prolongan sin control judicial. La judicialización de determinadas actuaciones y el respeto por los plazos son fundamentales para mantener el equilibrio entre la eficacia investigadora y las garantías procesales.
Para más detalles sobre este tema, hemos escrito un artículo para el periódico Law and Trends. Puedes leerlo en el siguiente enlace.
