Perspectivas y noticias sobre derecho penal
La reciente promulgación de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de Medidas en Materia de Eficiencia del Servicio Público de Justicia (en adelante, LO 1/2025), incorpora por primera vez en nuestro ordenamiento penal la previsión expresa de medios alternativos para la resolución de controversias penales, mediante la Disposición adicional novena, que regula la justicia restaurativa como mecanismo voluntario, confidencial y gratuito de resolución de conflictos penales, permitiendo incluso el archivo o sobreseimiento del procedimiento en determinados supuestos tras la consecución de un acuerdo entre las partes. Esta incorporación, inspirada en las prácticas consolidadas en el ámbito civil, como la mediación y el arbitraje (procedimientos extrajudiciales que buscan evitar la judicialización excesiva), plantea interrogantes sobre su verdadera eficacia y alcance dentro del proceso penal. ¿Constituye esta reforma un cambio sustantivo? ¿Implica un desvío o complemento a la función jurisdiccional?
La elección de un abogado penalista es crucial en un procedimiento penal, ya que puede determinar el resultado del juicio. Es importante buscar a un abogado que tenga experiencia y habilidades en el área relevante del derecho penal que se aplica al caso. La reputación y credenciales del abogado también son importantes para verificar su éxito en casos similares. Es útil elegir a un abogado que tenga experiencia en el sistema judicial local, así como habilidades de negociación y comunicación en tu idioma. El costo de los servicios y la compatibilidad personal también son factores a considerar. .
La Sentencia 172/2022 de la Sala Segunda del Tribunal Supremo revisa y anula una condena impuesta a un fisioterapeuta por delitos de abuso sexual a un menor, y lo hace tras haber sido condenado tanto en primera instancia por la Audiencia Provincial de Las Palmas como en apelación por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. En ambas instancias se aceptó como prueba suficiente la declaración de la víctima, emitida años después de los supuestos hechos y sin apoyo probatorio adicional. El Tribunal Supremo, sin embargo, estima el recurso de casación interpuesto por la defensa, al entender que la condena vulneró el derecho fundamental a la presunción de inocencia, ya que la única prueba en la que se sustentó carecía de los requisitos mínimos exigidos por la jurisprudencia para producir efectos condenatorios cuando no existe corroboración externa.
La irrupción de la inteligencia artificial generativa ha transformado radicalmente el entorno digital, ofreciendo nuevas oportunidades en sectores como la educación, el arte o la medicina. No obstante, su uso indebido ha dado lugar a formas inéditas de agresión y manipulación, entre las que destacan los deepfakes, contenidos audiovisuales falsificados mediante técnicas avanzadas de inteligencia artificial que permiten suplantar identidades con un grado de realismo alarmante.
La presunción de inocencia, consagrada en el artículo 24.2 de la Constitución Española, es una garantía procesal fundamental que configura el proceso penal en clave de protección del ciudadano frente al poder punitivo del Estado. Su vigencia exige que toda condena penal sea consecuencia de una actividad probatoria suficiente, practicada con todas las garantías y valorada por un órgano jurisdiccional independiente.
La Sentencia 402/2025, dictada por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, se pronuncia sobre un recurso extraordinario de revisión promovido contra una Sentencia firme de 1995, que finalizó con una condena por múltiples delitos de robo con violencia, violación y detención ilegal. Esta Sentencia tiene un contenido jurídico relevante no solo por su resultado, la anulación de una condena firme con declaración de absolución, sino por la evolución doctrinal que refleja en torno al recurso de revisión como instrumento de protección del principio de presunción de inocencia y justicia material frente a errores probatorios irreparables. En concreto, la Sala estima el recurso porque concurren nuevos elementos de prueba que, aun no acreditando de forma directa la inocencia del condenado, sí introducen una duda razonable suficiente como para desvirtuar la fuerza de la prueba de cargo sobre la que se sustentó la condena, conforme a lo previsto en el artículo 954.1.d. LECrim.
La Sentencia 237/2025, dictada por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo el 13 de marzo de 2025, resuelve un recurso de casación interpuesto por la acusación particular frente a la Sentencia absolutoria de la Audiencia Provincial de Cuenca. El caso se inicia con una condena dictada por el Juzgado de lo Penal nº 2 de Cuenca por un delito de insolvencia punible del artículo 257.1.2º del Código Penal, basado en la actuación de un deudor que, conociendo un embargo judicial sobre un tractor, procedió a ocultarlo y deteriorarlo intencionadamente.
El artículo 20.4 CP regula la legítima defensa, que requiere agresión ilegítima, necesidad racional del medio y ausencia de provocación. La jurisprudencia exige racionalidad en el medio empleado y descarta la defensa si hay exceso en la fuerza o duración de la respuesta. En el caso Torrejón, un policía fuera de servicio mató por asfixia a un ladrón ya reducido. La actuación fue excesiva e injustificada, por lo que no se aplica la legítima defensa. El Derecho penal español prioriza la vida sobre la propiedad y limita la violencia defensiva.
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