El sistema penitenciario constituye la columna vertebral de la justicia en cualquier sociedad, desempeñando un papel esencial no solo en la retribución de los delitos, sino también en la protección de la seguridad pública y la rehabilitación e reinserción de los internos. La vigilancia penitenciaria comprende un conjunto integral de procesos, políticas y normativas que garantizan la seguridad y el orden en los centros penitenciarios, protegiendo al mismo tiempo los derechos fundamentales de los internos y satisfaciendo sus necesidades básicas.
El Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, que aprueba el Reglamento Penitenciario, define la base jurídica de la vigilancia penitenciaria, contemplando aspectos esenciales para la humanización del sistema, la rehabilitación efectiva y la reintegración social de los internos. Destacan especialmente los capítulos VI y VII, relativos a los permisos de salida temporal y a la información, quejas y recursos de los internos.
Las penas se cumplen en distintos grados según las circunstancias individuales: régimen cerrado, ordinario y abierto. La Clasificación de Internos es realizada inicialmente por la Junta de Clasificación, siendo la decisión final competencia de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, susceptible de recurso.
Los permisos de salida temporal reconocen la humanidad del interno y su necesidad emocional y relacional, concediéndose tanto por causas excepcionales (fallecimiento de un familiar, enfermedad grave, nacimiento de un hijo) como para facilitar la reintegración progresiva al régimen abierto o ordinario. Estos permisos requieren evaluación técnica y cumplimiento de estrictos protocolos de seguridad.
El capítulo VII garantiza la transparencia del sistema penitenciario mediante el acceso a información, mecanismos de quejas y recursos, y la figura del Juez de Vigilancia Penitenciaria, instancia a la que los internos pueden acudir si consideran que sus derechos no son adecuadamente atendidos. Se asegura el derecho a presentar quejas sin censura, el acceso a asistencia jurídica y la protección frente a vulneraciones.
Los beneficios penitenciarios y la clasificación en grados fomentan la autorreforma y la responsabilidad del interno, incentivando el buen comportamiento y la participación activa en programas de rehabilitación y reinserción. La concesión de estos beneficios está regulada y condicionada al progreso positivo del interno.
En conclusión, la vigilancia penitenciaria busca equilibrar justicia y rehabilitación, combinando seguridad y respeto de los derechos de los internos, promoviendo su reintegración efectiva y garantizando un sistema penitenciario justo, transparente y humanizado. Nuestro despacho está comprometido en asistir a los internos en la comprensión y ejercicio de sus derechos, facilitando el acceso a permisos y beneficios legales.
