El delito de insolvencia punible, regulado en los artículos 259 a 261 bis del Código Penal, sanciona a quienes, en situación de insolvencia actual o inminente, realizan actos fraudulentos como ocultar, destruir bienes o manipular la contabilidad, con el fin de perjudicar a los acreedores y el sistema crediticio. Se trata de un delito doloso que protege el derecho de los acreedores a cobrar sus créditos y conlleva penas de prisión y multa, adaptadas según la gravedad y circunstancias del caso.

¿Qué es la insolvencia punible?

La insolvencia punible es un delito económico tipificado en los artículos 259 a 261 bis del Código Penal. Se configura cuando un deudor, en situación de insolvencia actual o inminente, realiza actos fraudulentos destinados a perjudicar a sus acreedores, ocultando o dañando activos o simulando una situación económica falsa para evitar el pago legítimo de sus deudas.

Este delito protege principalmente el derecho de los acreedores a cobrar sus créditos con el patrimonio del deudor, conforme al artículo 1911 del Código Civil, así como el buen funcionamiento del sistema crediticio en general.

Conductas que constituyen insolvencia punible

Para que se configure este delito, el deudor debe realizar acciones u omisiones que perjudiquen la masa patrimonial del concurso o presenten una imagen falsa de solvencia. Entre las conductas típicas más relevantes se encuentran:

• Ocultación, daño o destrucción de bienes patrimoniales incluidos en la masa concursal.
• Realización de actos de disposición patrimonial sin justificación económica o empresarial, como transferencias de dinero o asunción de deudas desproporcionadas.
• Venta o prestación de servicios por debajo del coste real sin razones económicas válidas.
• Simulación o reconocimiento de créditos ficticios.
• Participación en negocios especulativos sin justificación económica.
• Incumplimiento del deber de llevar contabilidad adecuada, doble contabilidad o alteración y destrucción de libros y documentación contable.

Estas acciones son consideradas graves infracciones al deber de diligencia en la gestión económica y pueden derivar en penas de prisión y multas significativas.

Sujetos responsables: personas físicas y jurídicas

No solo las personas físicas (empresarios, administradores) pueden ser responsables por insolvencia punible, sino también las personas jurídicas. Desde la reforma del Código Penal en 2015, las empresas pueden ser sancionadas con multas que varían según la gravedad del delito cometido por sus representantes.

En Fukuro Legal asesoramos tanto a individuos como a empresas para garantizar una defensa adecuada frente a estas acusaciones.

Penas y agravantes en el delito de insolvencia punible

Las sanciones para el delito básico de insolvencia punible oscilan entre:

• Prisión: 1 a 4 años.
• Multa: 8 a 24 meses.

En casos de imprudencia, las penas se atenúan, pero cuando existen agravantes, como un perjuicio patrimonial superior a 600.000 euros o afectación a una generalidad de personas, las penas pueden elevarse a:

• Prisión: 2 a 6 años.
• Multa: 8 a 24 meses.

Alzamiento de bienes en procesos concursales

El alzamiento de bienes en procesos concursales es una conducta ilícita en la que el deudor oculta, transfiere o dispone fraudulentamente de sus bienes con la intención de evitar que sean utilizados para satisfacer a los acreedores. Esta acción dolosa busca frustrar el procedimiento concursal y está tipificada como delito en el Código Penal, con consecuencias legales graves para quien la comete.

El delito de alzamiento de bienes implica que el deudor actúa con conocimiento y voluntad de perjudicar a sus acreedores, ocultando o disimulando su patrimonio para impedir su inclusión en el concurso. Esto puede incluir ventas simuladas, cesión de bienes a terceros sin contraprestación real o cualquier maniobra que reduzca el patrimonio accesible para los acreedores.

¿Qué hacer ante una acusación por insolvencia punible?

Si usted o su empresa enfrentan una acusación por insolvencia punible, es fundamental contar con un equipo legal que:

• Analice en profundidad las conductas imputadas.
• Defienda sus derechos frente a la acusación penal.
• Coordine la estrategia procesal para minimizar riesgos penales y económicos.
• Intervenga en el proceso concursal para proteger sus intereses.

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