La falsedad documental comprende la alteración, la fabricación o la cumplimentación mendaz de documentos. Es uno de los delitos que con más frecuencia se imputan en los procedimientos económicos en España, y rara vez aparece solo. Suele acompañar a la estafa, al delito fiscal o a los delitos de corrupción como el medio empleado para cometerlos.
Este artículo explica cómo estructura el Código Penal esta figura, por qué el tipo de documento importa más que ninguna otra cosa y dónde se concentra habitualmente la defensa.
Qué se considera documento
El artículo 26 define documento como todo soporte material que exprese o incorpore datos, hechos o narraciones con eficacia probatoria o cualquier otro tipo de relevancia jurídica.
La definición es deliberadamente amplia. Los registros electrónicos, los archivos digitales y las imágenes firmadas quedan comprendidos, siempre que produzcan efectos jurídicos.
Las cuatro modalidades
El artículo 390 recoge cuatro formas de cometer el delito.
- Alterar un documento en alguno de sus elementos o requisitos esenciales.
- Simular un documento, en todo o en parte, de forma que induzca a error sobre su autenticidad.
- Suponer en un acto la intervención de personas que no la han tenido, o atribuir a quienes intervinieron declaraciones distintas de las que hubieran hecho.
- Faltar a la verdad en la narración de los hechos.
La cuarta modalidad se conoce como falsedad ideológica. El documento es auténtico, pero su contenido es falso.
Por qué el tipo de documento lo cambia todo
La pena depende mucho más de la categoría del documento que de la conducta en sí.
Documento público, oficial y mercantil
Cuando una autoridad o funcionario público comete cualquiera de las cuatro modalidades en el ejercicio de sus funciones, el artículo 390 impone prisión de tres a seis años junto con multa e inhabilitación especial por un periodo prolongado.
Cuando un particular comete alguna de las tres primeras modalidades en documento público, oficial o mercantil, se aplica el artículo 392, con prisión de seis meses a tres años y multa.
La omisión es relevante. El particular no puede cometer falsedad ideológica en documento público por la vía del artículo 392. Faltar a la verdad en una declaración recogida por un funcionario no constituye, por sí solo, este delito. Esa laguna es un argumento de defensa recurrente y eficaz.
El documento mercantil abarca en la práctica un abanico amplio, incluidas facturas, cheques, pagarés y contratos empleados en el tráfico mercantil.
Documento privado
El artículo 395 regula la falsedad en documento privado y se castiga con prisión de seis meses a dos años. Incorpora una exigencia que los demás preceptos no contienen. La falsedad debe cometerse para perjudicar a otro.
El artículo 396 sanciona a quien, a sabiendas, utiliza un documento privado falso elaborado por otra persona.
Su relación con la estafa
La falsedad documental se imputa habitualmente junto con la estafa, porque el documento falso es el instrumento del engaño.
Cuando la falsedad fue el medio necesario para cometer la estafa, los tribunales aprecian un concurso medial, lo que altera el modo de calcular la pena resultante. Cómo se caracterice esa relación puede cambiar de forma notable el desenlace, y suele discutirse con detalle.
Argumentos de defensa
- El documento no es el que sostiene la acusación. Reconducir un documento de mercantil a privado desplaza el caso a un marco penal sensiblemente inferior.
- Falsedad ideológica cometida por particular. Cuando se imputa faltar a la verdad en documento público y el acusado no es funcionario, la conducta puede quedar fuera del artículo 392.
- La alteración no era esencial. Solo se castigan las modificaciones que afectan a elementos o requisitos esenciales.
- Ausencia de perjuicio. En documento privado, la falta de perjuicio a tercero impide la condena.
- Ausencia de dolo. El error administrativo, o la cumplimentación por indicación de un tercero sin conocer la falsedad, debilita el elemento subjetivo.
Ideas clave
- Documento es todo soporte con eficacia probatoria o relevancia jurídica, incluidos los registros digitales.
- El funcionario se enfrenta a tres a seis años. El particular, a seis meses a tres años en documento público, oficial o mercantil.
- El particular no responde por el artículo 392 cuando se trata de faltar a la verdad en documento público.
- La falsedad en documento privado exige perjuicio a tercero, requisito que los demás tipos no contienen.
- La calificación del documento suele ser la cuestión más determinante del procedimiento.
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