Introducción
La Ley de Extradición Pasiva de 1985 en España es una norma que regula el procedimiento mediante el cual España puede conceder la extradición de personas reclamadas por otros países para responder ante procesos penales. Esta ley es fundamental para la cooperación internacional en la lucha contra la delincuencia transfronteriza y establece los procedimientos y principios básicos que rigen el proceso de extradición. En este informe técnico se ofrecerá una visión detallada de los aspectos clave de la ley, incluyendo su ámbito de aplicación, principios fundamentales, excepciones, procedimientos, plazos, garantías procesales y recursos de protección.
Ámbito de Aplicación
La Ley de Extradición Pasiva de 1985 se aplica a todas las solicitudes de extradición formuladas por países extranjeros bajo el principio de reciprocidad. España concede la extradición siempre que el país requirente esté dispuesto a otorgarla en circunstancias similares. Este principio fomenta la cooperación internacional y la reciprocidad en materia de extradición. Tanto ciudadanos españoles como extranjeros presentes en territorio español pueden ser objeto de una solicitud de extradición. El principio subyacente es que España colabora con otros países para garantizar la justicia en casos de delitos graves y transfronterizos.
Causas de Oposición
La ley establece varios requisitos que deben cumplirse para conceder la extradición:
- Principio de doble tipicidad y gravedad mínima: El delito por el cual se solicita la extradición debe ser considerado delito tanto en España como en el país requirente, basándose en la tipicidad y no en la culpabilidad. Además, el acto debe ser lo suficientemente grave, con penas o medidas de seguridad de al menos un año de prisión máxima o cuatro meses en caso de cumplimiento de pena o medida de seguridad. Los hechos deben tener una especificidad mínima, y no se aceptarán delitos inducidos por el agente instigador (STS 5/2009, 8 de enero; AN, Sala 4ª, 24 de mayo de 2018).
- Juicio en ausencia: Se puede denegar la extradición si el proceso en el país requirente no garantiza un juicio justo y equitativo. Si la persona ha sido condenada en ausencia, España solo concederá la extradición si se proporcionan garantías diplomáticas de que se repetirá el juicio con presencia y defensa adecuada.
- No extradición de nacionales: España protege y garantiza los derechos fundamentales de sus ciudadanos, y la extradición solo se considerará si no existe la posibilidad de juzgar en España, respetando el principio de proporcionalidad. Cada caso se analiza individualmente.
- Principio de territorialidad positiva y negativa: No procede extradición si los tribunales españoles tienen jurisdicción sobre los hechos o si la ley española no permite perseguir el delito fuera del país.
- Delitos políticos: No se concede extradición por delitos cometidos por razones políticas, salvo que afecten a terrorismo, crímenes de guerra o de lesa humanidad.
- Delitos militares y otros: No procede la extradición por delitos militares o cometidos por mandato de la autoridad, salvo delitos de violación, secuestro o abusos deshonestos.
- Juzgado de excepción: Conforme al art. 117.6 CE, los tribunales de excepción están prohibidos. Se analiza si el tribunal fue creado posteriormente a los hechos y si hubo injerencia gubernamental.
- Extinción de la responsabilidad penal: Los hechos no deben estar prescritos según la legislación española y del país requirente. Las resoluciones judiciales interrumpen los plazos, excluyendo actos del Ministerio Fiscal.
- Cosa juzgada y litis pendiente: Si la persona ya ha sido juzgada o existe proceso en España por los mismos hechos, la extradición se deniega.
- Trato inhumano o degradante: España no concede extradición si existe riesgo real de pena de muerte, tortura o trato inhumano/degradante en el país requirente. Es necesario especificar cómo afecta al reclamado.
- Asilo y ocultación de persecución: No se extradita a países donde exista riesgo de pena de muerte o trato inhumano. La solicitud de asilo no suspende la ejecución de la extradición. Se deniega si hay motivos de discriminación por raza, religión, nacionalidad u opiniones políticas.
- Minoría de edad: Se considera oposición si la persona tiene entre 14 y 18 años, reside habitualmente en España y la extradición complicaría su reintegración social.
Procedimiento
El procedimiento de extradición conforme a la Ley de Extradición Pasiva sigue los siguientes pasos:
- Solicitud formal: El país requirente presenta la solicitud por vía diplomática, indicando la persona buscada, los hechos delictivos, la normativa aplicable y cualquier información relevante para su identificación y captura.
- Detención provisional: La autoridad judicial competente puede dictar orden de detención provisional para asegurar la disponibilidad de la persona solicitada.
- Fase judicial: La persona arrestada es presentada ante el juez competente, quien revisa la validez de la solicitud y su conformidad con la ley. El reclamado tiene derecho a defensa y a presentar pruebas o alegaciones.
- Fase gubernamental: Si la fase judicial considera admisible la extradición, el asunto se remite al Consejo de Ministros, que decide de manera definitiva sobre la concesión.
- Ejecución: Si el Consejo de Ministros concede la extradición, la persona es entregada a las autoridades del país requirente.
Garantías procesales
La Ley de Extradición Pasiva de 1985 asegura diversas garantías procesales:
- Derecho a defensa: La persona puede designar abogado; si no puede costearlo, se le asigna defensor público.
- Derecho a ser oído: Puede presentar pruebas o alegaciones contra la extradición.
- Acceso a información: Conocer la solicitud de extradición y los cargos.
- Recurso de apelación: Posibilidad de impugnar decisiones adversas en cualquier fase del procedimiento.
Recurso de protección
Si la persona considera que se han vulnerado sus derechos, puede recurrir ante el Tribunal Constitucional o ante órganos internacionales como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos si se han vulnerado derechos conforme al derecho internacional.
Conclusión
La Ley de Extradición Pasiva de 1985 establece un marco integral para gestionar solicitudes de extradición de países extranjeros. Al definir procedimientos, requisitos, excepciones y garantías, asegura que España coopere internacionalmente en la lucha contra la delincuencia transfronteriza, respetando al mismo tiempo los derechos y la dignidad de las personas reclamadas.
