Extracto
La Sentencia núm. 353/2026 de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia presenta especial interés desde la perspectiva de la valoración de la prueba en delitos contra la libertad sexual, la delimitación entre violencia inherente a la agresión sexual y lesiones autónomamente punibles, así como por la apreciación de un delito contra la integridad moral derivado de actos humillantes posteriores a la agresión.
La resolución se inserta plenamente en la línea jurisprudencial consolidada tras la reforma operada por la LO 10/2022, reforzando la suficiencia del testimonio de la víctima como prueba de cargo cuando concurre corroboración periférica, incluso frente a declaraciones policiales que apuntaban en sentido contrario. Asimismo, ofrece un supuesto paradigmático de concurrencia de delitos de lesiones y agresión sexual, al apreciarse un desvalor adicional susceptible de sanción independiente. Finalmente, la condena por delito contra la integridad moral plantea cuestiones de interés respecto del umbral de gravedad exigido por el artículo 173.1 CP y su posible autonomía respecto de los restantes ilícitos concurrentes.
I. Valoración probatoria y prevalencia del testimonio de las denunciantes frente a las declaraciones policiales
Uno de los aspectos más relevantes de la resolución radica en la expresa preferencia otorgada por la Sala a la versión de las denunciantes frente a la ofrecida por determinados agentes policiales que intervinieron tras los hechos.
La sentencia recoge que un agente de Policía Local manifestó haber escuchado a una de las denunciantes referir que había accedido voluntariamente al baño y que el acusado había cesado en su conducta cuando ella manifestó su incomodidad. Sin embargo, la Audiencia considera que dicha versión resulta incompatible con el conjunto de la prueba practicada y opta por conferir mayor credibilidad al relato incriminatorio de las denunciantes.
La relevancia jurídica de este extremo es notable. La Sala recuerda implícitamente que la declaración de un funcionario policial carece de cualquier privilegio valorativo en sede jurisdiccional. El principio de libre valoración de la prueba impide atribuir una presunción reforzada de veracidad al testimonio policial en el proceso penal, quedando sometido a las mismas exigencias de credibilidad y contraste que cualquier otra prueba testifical. (STS 296/2021, de 8 de abril).
Lo significativo no es únicamente que el Tribunal descarte la versión policial, sino el razonamiento utilizado para ello. La Sala no fundamenta su decisión en una preferencia apriorística por el relato de las víctimas, sino en la existencia de múltiples elementos periféricos corroboradores:
- la inmediata búsqueda de una vía de escape;
- la llamada al padre para ser recogida;
- el estado de ansiedad observado por terceros;
- la petición de auxilio a personas ajenas al grupo;
- la persistente solicitud de acceso a las grabaciones de la vivienda;
- la reacción emocional inmediatamente posterior a los hechos.
La resolución concluye que estos elementos resultan difícilmente conciliables con la hipótesis defensiva y constituyen una corroboración objetiva de la versión sostenida por las denunciantes, en línea con la doctrina que ha venido exigiendo la concurrencia de parámetros objetivos de contraste para que el testimonio de la víctima pueda erigirse en prueba de cargo suficiente (STS 119/2019, de 6 de marzo).
Desde una perspectiva procesal, la contradicción entre el relato policial y el acogido por la Sala podría incluso suscitar la cuestión relativa a una eventual deducción de testimonio. No obstante, la sentencia no aprecia indicios suficientes de mendacidad dolosa por parte de los agentes, limitándose a rechazar la fiabilidad de su percepción de los hechos. Por ello, no acuerda la incoación de procedimiento alguno por posible falso testimonio. El respaldo constitucional de este planteamiento se encuentra, en último término, en la garantía de la presunción de inocencia y en los requisitos que debe reunir la prueba de cargo en esta clase de delitos (STC 135/2003, de 30 de junio).
II. Consentimiento y suficiencia probatoria de la declaración de la víctima
La sentencia constituye igualmente una manifestación particularmente representativa de la doctrina jurisprudencial vigente en materia de consentimiento y valoración del testimonio de la víctima en delitos sexuales.
La Audiencia realiza una extensa referencia a la doctrina consolidada del Tribunal Supremo relativa a la aptitud de la declaración de la víctima para desvirtuar la presunción de inocencia, siempre que concurran los tradicionales parámetros de:
- ausencia de incredibilidad subjetiva;
- persistencia en la incriminación;
- verosimilitud objetiva del relato.
La resolución recuerda expresamente que la declaración de la víctima puede constituir prueba de cargo suficiente incluso cuando constituye la principal fuente probatoria disponible.
Especial interés presenta la forma en que la Sala aborda la cuestión del consentimiento. El Tribunal abandona cualquier aproximación basada exclusivamente en manifestaciones externas de resistencia física y desplaza el análisis hacia el contexto global de los hechos. Para ello toma en consideración circunstancias tales como:
- la superioridad física del acusado;
- el aislamiento de la víctima en una vivienda ajena;
- la presencia de amigos del acusado;
- el contexto intimidatorio generado por la situación;
- la conducta inmediatamente posterior de la denunciante.
La sentencia se alinea así con la evolución jurisprudencial que rechaza la exigencia de una resistencia activa, continuada o heroica como presupuesto para acreditar la ausencia de consentimiento. Lo determinante pasa a ser la constatación de una participación no libremente consentida, apreciada a partir del conjunto de circunstancias concurrentes.
Particularmente relevante resulta la afirmación de la Sala según la cual las pequeñas divergencias existentes entre declaraciones prestadas en distintos momentos procesales no constituyen necesariamente contradicciones aptas para erosionar la credibilidad del relato, especialmente cuando afectan a aspectos accesorios o periféricos y no al núcleo esencial de la imputación.
III. La autonomía del delito de lesiones en el contexto de una agresión sexual
Desde una perspectiva dogmática, uno de los aspectos más interesantes de la resolución reside en la apreciación de un delito autónomo de lesiones concurrente con la agresión sexual. La cuestión no es menor. La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha venido sosteniendo reiteradamente que la violencia inherente a la ejecución de determinados delitos sexuales no puede dar lugar automáticamente a una condena adicional por lesiones, pues de lo contrario se produciría una indebida vulneración del principio non bis in idem mediante la doble valoración de un mismo desvalor (STS 672/2020, de 9 de diciembre). Por ello, la clave reside en determinar si la lesión presenta autonomía típica suficiente o si, por el contrario, constituye un mero instrumento de ejecución absorbido por el delito sexual.
Por ello, la clave reside en determinar si la lesión presenta autonomía típica suficiente o si, por el contrario, constituye un mero instrumento de ejecución absorbido por el delito sexual.
En el supuesto analizado, la Audiencia aprecia dicha autonomía porque identifica secuencias fácticas diferenciadas. La sentencia distingue claramente entre la agresión inicial producida en la zona de la piscina y el posterior episodio desarrollado en el cuarto de baño cuando la denunciante ya había decidido abandonar el lugar. Esta separación temporal y funcional permite a la Sala identificar un plus de injusto distinto del ya incorporado al delito contra la libertad sexual, criterio que ha sido aplicado por el Tribunal Supremo en supuestos de análoga configuración (STS 21/2022, de 13 de enero).
Precisamente por ello, la resolución ofrece un supuesto relativamente sencillo de concurso de delitos. La problemática práctica surge en aquellos supuestos, frecuentes en la litigación penal, en los que las lesiones derivan exclusivamente de la fuerza empleada para consumar la agresión sexual y se integran en una única secuencia de acción. En tales casos la frontera entre absorción y concurso resulta mucho más difusa y exige una cuidadosa ponderación del alcance real de la lesión producida y de su independencia respecto de la conducta sexual ilícita.
IV. El delito contra la integridad moral: autonomía y umbral de gravedad
La condena impuesta por delito contra la integridad moral constituye probablemente el aspecto más novedoso y jurídicamente debatible de la resolución.
La Audiencia considera acreditado que, una vez producidos los hechos principales, las víctimas fueron expulsadas de la vivienda de forma vejatoria, siendo objeto de insultos, empujones y actos de menosprecio. Particularmente relevante resulta la conducta consistente en retirar la toalla con la que una de las denunciantes trataba de cubrirse, dejándola semidesnuda en la vía pública antes de arrojar posteriormente sus pertenencias desde el interior de la finca.
Sobre esta base, la Sala aprecia la concurrencia del delito previsto en el artículo 173.1 CP. La cuestión jurídica esencial consiste en determinar si tales conductas alcanzan el nivel de humillación grave exigido por la jurisprudencia para integrar el concepto de trato degradante.
La Audiencia responde afirmativamente al considerar que la situación creada supuso un atentado autónomo contra la dignidad de la víctima, distinto y adicional respecto de los delitos previamente cometidos.
No obstante, este extremo constituye probablemente uno de los puntos más vulnerables de la fundamentación jurídica de la sentencia. La jurisprudencia del Tribunal Supremo viene exigiendo que el menoscabo de la dignidad alcance una intensidad particularmente relevante, superando el ámbito de las meras vejaciones o humillaciones ocasionales.
La cuestión casacional podría plantearse, por tanto, en términos de tipicidad, discutiendo si los hechos descritos constituyen realmente un trato degradante autónomo o si se encuentran absorbidos por el desvalor ya incorporado a los restantes delitos concurrentes.
Conclusiones
La SAP Valencia 353/2026 constituye una resolución de especial interés por cuanto aborda algunas de las principales cuestiones actualmente debatidas en el ámbito de los delitos contra la libertad sexual.
En primer lugar, la sentencia refuerza la doctrina consolidada sobre la suficiencia probatoria del testimonio de la víctima, otorgando prevalencia a las declaraciones de las denunciantes frente a versiones policiales contradictorias al considerar que aquellas aparecen corroboradas por múltiples elementos periféricos objetivos.
Asimismo, la resolución se alinea con la jurisprudencia más reciente en materia de consentimiento, rechazando que la ausencia de oposición física intensa o continuada pueda interpretarse como un indicio de consentimiento y enfatizando la necesidad de valorar el contexto global en que se desarrollan los hechos.
Desde la perspectiva concursal, resulta especialmente relevante la apreciación de un delito autónomo de lesiones junto al delito de agresión sexual. La Audiencia considera que concurre un desvalor adicional susceptible de sanción independiente, ofreciendo criterios útiles para diferenciar los supuestos en que las lesiones quedan absorbidas por la agresión sexual de aquellos en que procede una condena separada.
Igualmente significativa es la condena por delito contra la integridad moral derivada de los actos de humillación posteriores a los hechos principales, apreciando la Sala que la exposición de una de las denunciantes en estado de semidesnudez en la vía pública constituye un atentado autónomo contra su dignidad personal.
Por último, aunque la fundamentación probatoria de la sentencia dificulta una eventual revisión de los hechos declarados probados, los aspectos relativos a la autonomía del delito de lesiones y, especialmente, a la concurrencia del delito contra la integridad moral se perfilan como los ámbitos que podrían ofrecer un mayor recorrido en sede casacional.
