Perspectivas y noticias sobre derecho penal

La sentencia STS 592/2021 del Tribunal Supremo aborda la cuestión de la responsabilidad penal individual en el marco de acciones colectivas violentas. Este problema surge cuando una conducta grupal provoca resultados lesivos (lesiones, homicidios, daños) y no es posible atribuir con precisión qué acción específica causó el daño concreto. En este caso, una manifestación violenta culminó con el lanzamiento de objetos por parte de un grupo de personas hacia agentes de policía, lo que causó lesiones a dos de ellos. La acusada fue condenada bajo el principio de responsabilidad compartida, a pesar de que no se pudo probar que los objetos lanzados por ella impactaron directamente a los agentes lesionados.

La Sentencia 224/2024 del Tribunal Supremo se centra en un caso que involucra a una supuesta mula bancaria y establece criterios clave para evaluar la tipicidad de delitos como el blanqueo de capitales y la estafa en situaciones similares. La resolución brinda herramientas para construir defensas sólidas en casos donde el acusado ha actuado con imprudencia o desconocimiento parcial, pero sin dolo directo ni eventual. Este análisis profundiza en las implicaciones de esta sentencia y su relación con estrategias de defensa en casos de mulas bancarias.

La Sentencia del Tribunal Constitucional aborda un caso de vulneración del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas debido a la excesiva demora en la celebración de un juicio, fijado para tres años y medio después de la admisión de la demanda. Aunque las demoras fueron atribuidas a causas estructurales del sistema judicial, el Tribunal concluye que dichas circunstancias no justifican la lesión de un derecho fundamental. Además, establece que este tipo de dilaciones, como manifestación del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, habilitan al ciudadano a reclamar una indemnización al Estado, todo ello en conformidad con el artículo 121 de la Constitución Española. Este fallo refuerza la protección de los derechos fundamentales y resalta la responsabilidad estatal de garantizar una justicia eficiente y de reparar los daños derivados de sus deficiencias.

La Sentencia del Tribunal Supremo 782/2024 analiza si el derecho de defensa del acusado incluye declarar en último lugar en el juicio. Aunque la defensa lo solicitó, el Tribunal aclaró que el artículo 701 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal no garantiza este derecho de forma absoluta, sino que permite flexibilidad en el orden de la prueba. El Tribunal concluye que la negativa a permitir esa declaración final no vulnera el derecho de defensa, ya que el acusado conserva la última palabra al cierre del juicio, lo cual protege sus derechos. Además, el principio de igualdad de armas se mantiene, dado que ambas partes disponen de las mismas oportunidades procesales para presentar su caso.

El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha dictado una sentencia que confirma penas de prisión para cuatro hombres acusados de una agresión sexual múltiple y revisa la pena del cuarto implicado, quien permaneció pasivo durante los hechos. Esta resolución se basa en una atribución de distintos grados de participación en el delito, abordando los conceptos de autoría, cooperación necesaria y complicidad omisiva en delitos de agresión sexual.

La reciente resolución de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, en la que interviene como ponente la Excma. Sra. Dña. Carmen Lamela Díaz, aborda una cuestión de gran relevancia y complejidad: la competencia de los tribunales españoles en casos de sustracción internacional de menores. Este análisis detalla las claves de la sentencia, enfatizando tanto las directrices del ordenamiento penal español como las normativas europeas que regulan la competencia en estos casos.

Este análisis jurídico revisa la sentencia del Tribunal Supremo del 18 de julio de 2024 sobre la atenuante de dilaciones indebidas en un caso de estafa continuada. La sentencia examina los requisitos para aplicar esta atenuante, como el retraso extraordinario y la no imputabilidad del acusado en la demora. A pesar de los diez años de retraso, el Tribunal concluyó que la complejidad del caso y las maniobras dilatorias de los acusados justificaron la prolongación del proceso, por lo que no se aplicó la atenuante de forma muy cualificada.

El artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) regula los plazos de instrucción en el proceso penal español, buscando evitar investigaciones prolongadas que afecten derechos fundamentales. Antes de la reforma de 2015, la legislación carecía de una regulación clara sobre los plazos, lo que generaba dilaciones indebidas. La Ley Orgánica 41/2015 introdujo plazos máximos de seis meses para casos no complejos y 18 meses para causas complejas, con posibilidad de prórrogas. Sin embargo, su aplicación fue criticada por permitir prolongaciones excesivas. La reforma de 2020, a través de la Ley Orgánica 2/2020, amplió el plazo general de instrucción a un año y limitó las prórrogas, introduciendo además consecuencias claras para el incumplimiento de los plazos. Esta evolución normativa ha generado tensiones interpretativas en la jurisprudencia, especialmente en cuanto a la validez de diligencias realizadas fuera de plazo. Aunque las reformas han mejorado la eficiencia procesal, aún persisten debates sobre su correcta aplicación y el equilibrio entre celeridad y derechos fundamentales.

Jorge Agüero Lafora, the managing partner of FukuroLegal, attended the ECBA Autumn Conference in Finland over the past weekend. The event provided valuable opportunities to connect with leading criminal law experts from Europe. Key topics discussed included the protection of lawyers' profession in Europe, business and human rights, as well as strategies for mitigating litigation risks and criminal exposure. Additionally, there were significant discussions on the rule of law situation in Hungary. FukuroLegal remains committed to integrating the insights gained from the conference into its legal practice, reinforcing its dedication to staying at the forefront of international legal developments.
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