Perspectivas y noticias sobre derecho penal
La cooperación judicial en materia penal en la Unión Europea ha evolucionado para hacer frente al crimen transnacional. En este contexto, los Equipos Conjuntos de Investigación (en adelante, ECI) han surgido como una alternativa eficaz a las comisiones rogatorias tradicionales, permitiendo una colaboración directa entre las autoridades de diferentes Estados miembros en investigaciones penales complejas. Paralelamente, la Orden Europea de Investigación (en adelante, OEI) y Eurojust desempeñan un papel clave en la optimización de la cooperación judicial, facilitando el intercambio de pruebas y la coordinación entre fiscalías y tribunales europeos. Este artículo analiza la sustitución de las comisiones rogatorias por los ECI y la OEI, así como la relevancia de Eurojust en la coordinación de investigaciones penales transnacionales, con referencia a jurisprudencia relevante.
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El Tribunal Supremo en la sentencia STS 42/2025 aborda la interpretación del delito de simulación de delito, regulado en el artículo 457 del Código Penal español. En el caso concreto, se analiza si una denuncia falsa presentada ante la Policía Nacional, sin atribuir autoría y que no dio lugar a actuaciones judiciales, puede encuadrarse dentro del tipo penal o si, por el contrario, queda excluida debido a la ausencia de una verdadera perturbación de la administración de justicia. El Alto Tribunal concluye que en estos casos no puede hablarse de simulación de delito, ya que el bien jurídico protegido, la correcta administración de justicia, no ha sido realmente afectado. Esta doctrina se fundamenta en la interpretación restrictiva del artículo 457 CP a la luz del artículo 284.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que prevé la posibilidad de que la policía archive atestados sin remitirlos al juzgado en casos de delitos sin autor conocido.
En FukuroLegal, logramos la revocación de la prisión preventiva de nuestra clienta, que había sido acusada de colaborar en el secuestro de su nieta. La Audiencia Provincial de Huesca confirmó nuestro recurso, dictaminando que no había pruebas suficientes para justificar la medida y optando por medidas cautelares menos restrictivas. Esta decisión reafirma el principio de proporcionalidad y salvaguarda su derecho a la libertad. En FukuroLegal, mantenemos nuestro compromiso con la defensa de los derechos fundamentales.
El sistema de recursos en el procedimiento penal español se estructura en torno a la posibilidad de revisar las decisiones emitidas por los tribunales de instrucción mediante un recurso ante las Audiencias Provinciales. El propósito de este proceso es garantizar la correcta aplicación de la ley, salvaguardar el derecho a una protección judicial efectiva y corregir los posibles errores en la evaluación de las pruebas o en el razonamiento legal. Sin embargo, dicha revisión está limitada por los principios de inmediatez, oralidad y contradicción que rigen los procedimientos penales.
Lawyerpress, un medio reconocido entre la comunidad jurídica, ha entrevistado a nuestro socio director, Jorge Agüero Lafora, para hablar sobre la evolución y visión de FukuroLegal, un despacho especializado en Derecho Penal con proyección internacional.
En la actualidad, los delitos informáticos representan una amenaza en constante expansión, reflejo del avance de la digitalización en todas las áreas de la sociedad. Este fenómeno ha generado un incremento en la vulnerabilidad de particulares, empresas e instituciones, quienes se enfrentan a un panorama cada vez más complejo de actividades delictivas en el entorno digital. La comprensión de la naturaleza, características y clasificación de estos delitos resulta esencial para establecer estrategias de prevención y respuesta frente a estas amenazas.
Nuestro equipo logró que la Audiencia Nacional revocara la prisión preventiva de dos acusados extraditados a España bajo una Orden Europea de Detención y Entrega. A pesar de los graves cargos de fraude y pertenencia a organización criminal, demostramos la desproporción de la medida, obteniendo su libertad con condiciones menos restrictivas, como la retirada del pasaporte y la prohibición de salir de su país de origen, Holanda. Este caso destaca la importancia de una defensa especializada en procedimientos internacionales.
El artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, reformado por la Ley 41/2015, establece un límite temporal de doce meses para la fase de instrucción penal, con la posibilidad de prórrogas bajo resolución judicial motivada. Su objetivo es garantizar una justicia más ágil y eficaz, equilibrando las necesidades de la investigación con los derechos del investigado. Sin embargo, el incumplimiento de este plazo ha generado controversias en la jurisprudencia, especialmente en cuanto a las consecuencias procesales y la validez de las diligencias practicadas fuera de plazo. La reciente sentencia STS 1046/2024 profundiza en estas cuestiones, introduciendo distinciones entre diligencias ordinarias e instrumentales y flexibilizando el sistema de plazos, lo que ha suscitado críticas sobre la efectividad del control temporal y el respeto a los derechos fundamentales.
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