Perspectivas y noticias sobre derecho penal
Behind Spain’s prison walls lies a complex balance between discipline and rehabilitation. This article explores the evolution of Spain’s penal system, from medieval confinement to modern reforms emphasizing inmate rights and reintegration. With over 50,000 inmates, the system includes open and closed facilities, structured daily routines, and robust educational and vocational programs aimed at reducing recidivism. Discover how historical legacies, legal protections, and innovative initiatives shape life behind bars—and what Spain’s evolving approach says about justice in a modern society.
La Sentencia del Tribunal Supremo 317/2025 del 3 de abril, establece una interpretación flexible del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, reformado por la Ley 2/2020, de 27 de julio. En ella se aborda el valor jurídico de las diligencias de investigación practicadas fuera del plazo máximo legal, distinguiendo entre irregularidad formal, invalidez relativa y vulneración de derechos fundamentales. La Sala Segunda sostiene que la práctica de actuaciones procesales fuera del término legal no genera necesariamente nulidad, salvo que se cause indefensión o afectación sustancial del derecho de defensa, especialmente en el caso de la imputación tardía del investigado.
La Audiencia Nacional es uno de los órganos jurisdiccionales más relevantes del panorama judicial español, especialmente en el ámbito penal. Con sede en Madrid, pero con jurisdicción en todo el territorio nacional, este tribunal tiene encomendada la instrucción y enjuiciamiento de delitos de especial gravedad, complejidad y repercusión social o internacional.
El fraude carrusel del IVA es una de las modalidades más complejas y lesivas de evasión fiscal en la Unión Europea, caracterizada por la creación de entramados empresariales ficticios que permiten evadir impuestos a través de operaciones intracomunitarias simuladas.
La semana pasada, asistimos a una sesión organizada por el American Club de Madrid sobre planificación financiera para expatriados estadounidenses en España. En un contexto de incertidumbre creciente en EE.UU. sobre política fiscal y regulaciones de inversiones, los asistentes buscaron claridad para gestionar sus finanzas entre ambos países. El panel ofreció recomendaciones prácticas sobre cómo evitar comisiones bancarias, realizar transferencias internacionales seguras y entender el sistema fiscal español, proporcionando información útil para quienes navegan el complejo panorama financiero de 2025.
El pasado 3 de abril de 2025, el Juzgado Central de Instrucción Nº 005 de la Audiencia Nacional dictó un auto que archivó un procedimiento de extradición abierto contra nuestro cliente, suponiendo un nuevo caso de éxito para nuestro despacho.
El principio de reformatio in peius es una garantía procesal fundamental en el derecho penal y procesal español. Se trata de una limitación impuesta a los tribunales para evitar que la resolución de un recurso pueda resultar en una situación más perjudicial para el recurrente cuando no existe una impugnación de la parte contraria. Este principio protege el derecho de defensa y asegura la estabilidad procesal en los procedimientos judiciales. El fundamento de este principio no solo radica en la protección del recurrente, sino también en la garantía de una justicia predecible y equitativa. Si los tribunales pudieran agravar la situación de quien recurre sin que existiera una impugnación en su contra, se generaría un efecto disuasorio sobre el derecho a recurrir, afectando el acceso efectivo a la justicia.
If you are aware of or suspect that an Interpol Red Notice has been issued against you, it is crucial to act swiftly. In this article, we explain how to cancel an Interpol Red Notice, what rights you have, and how Fukuro Legal, a law firm specializing in international criminal law, can assist you.
La regulación de las medidas de investigación tecnológica en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) se encuentra en los artículos 588 bis y siguientes hasta el 588 octies. La reforma introducida por la Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre, supuso un avance significativo en la regulación de estas medidas, estableciendo un marco normativo que garantiza un equilibrio entre la persecución de delitos y la protección de los derechos fundamentales. El objeto de estas normas es regular la utilización de tecnologías avanzadas en la investigación penal, asegurando que se respeten los principios de especialidad, idoneidad, excepcionalidad, necesidad y proporcionalidad. Estos principios se convierten en pilares esenciales para evitar abusos en la intervención de dispositivos electrónicos y otras formas de vigilancia tecnológica.
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