Perspectivas y noticias sobre derecho penal
La reciente promulgación de la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de Medidas en Materia de Eficiencia del Servicio Público de Justicia (en adelante, LO 1/2025), incorpora por primera vez en nuestro ordenamiento penal la previsión expresa de medios alternativos para la resolución de controversias penales, mediante la Disposición adicional novena, que regula la justicia restaurativa como mecanismo voluntario, confidencial y gratuito de resolución de conflictos penales, permitiendo incluso el archivo o sobreseimiento del procedimiento en determinados supuestos tras la consecución de un acuerdo entre las partes. Esta incorporación, inspirada en las prácticas consolidadas en el ámbito civil, como la mediación y el arbitraje (procedimientos extrajudiciales que buscan evitar la judicialización excesiva), plantea interrogantes sobre su verdadera eficacia y alcance dentro del proceso penal. ¿Constituye esta reforma un cambio sustantivo? ¿Implica un desvío o complemento a la función jurisdiccional?
La presunción de inocencia, consagrada en el artículo 24.2 de la Constitución Española, es una garantía procesal fundamental que configura el proceso penal en clave de protección del ciudadano frente al poder punitivo del Estado. Su vigencia exige que toda condena penal sea consecuencia de una actividad probatoria suficiente, practicada con todas las garantías y valorada por un órgano jurisdiccional independiente.
La Sentencia 402/2025, dictada por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, se pronuncia sobre un recurso extraordinario de revisión promovido contra una Sentencia firme de 1995, que finalizó con una condena por múltiples delitos de robo con violencia, violación y detención ilegal. Esta Sentencia tiene un contenido jurídico relevante no solo por su resultado, la anulación de una condena firme con declaración de absolución, sino por la evolución doctrinal que refleja en torno al recurso de revisión como instrumento de protección del principio de presunción de inocencia y justicia material frente a errores probatorios irreparables. En concreto, la Sala estima el recurso porque concurren nuevos elementos de prueba que, aun no acreditando de forma directa la inocencia del condenado, sí introducen una duda razonable suficiente como para desvirtuar la fuerza de la prueba de cargo sobre la que se sustentó la condena, conforme a lo previsto en el artículo 954.1.d. LECrim.
La Sentencia 237/2025, dictada por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo el 13 de marzo de 2025, resuelve un recurso de casación interpuesto por la acusación particular frente a la Sentencia absolutoria de la Audiencia Provincial de Cuenca. El caso se inicia con una condena dictada por el Juzgado de lo Penal nº 2 de Cuenca por un delito de insolvencia punible del artículo 257.1.2º del Código Penal, basado en la actuación de un deudor que, conociendo un embargo judicial sobre un tractor, procedió a ocultarlo y deteriorarlo intencionadamente.
El artículo 20.4 CP regula la legítima defensa, que requiere agresión ilegítima, necesidad racional del medio y ausencia de provocación. La jurisprudencia exige racionalidad en el medio empleado y descarta la defensa si hay exceso en la fuerza o duración de la respuesta. En el caso Torrejón, un policía fuera de servicio mató por asfixia a un ladrón ya reducido. La actuación fue excesiva e injustificada, por lo que no se aplica la legítima defensa. El Derecho penal español prioriza la vida sobre la propiedad y limita la violencia defensiva.
El Juzgado de lo Penal nº 6 de Almería absolvió a nuestros representados, dos ciudadanos alemanes, acusados de una tentativa de robo con fuerza en un vehículo. La estrategia de defensa reveló graves vulneraciones procesales, como la falta de intérprete y de citación válida, y desmontó el único testimonio incriminatorio mediante un interrogatorio preciso que generó dudas razonables. La sentencia refuerza la presunción de inocencia y destaca la importancia de una defensa penal activa desde el inicio del procedimiento.
En Fukuro Legal queremos compartir con satisfacción que nuestro socio director, Jorge Agüero Lafora, ha sido reconocido por Leaders in Law como experto exclusivo en Delitos Económicos (White Collar Crime) para España.
La Sentencia 86/2025 del Tribunal Constitucional estima un recurso de amparo interpuesto por una detenida cuya solicitud de habeas corpus fue inadmitida sin audiencia ni comprobación judicial directa. La recurrente había sido arrestada por orden policial por supuestos delitos de hurto y pertenencia a grupo criminal, sin acceso a los elementos esenciales del atestado. El Tribunal concluye que se vulneró el derecho fundamental a la libertad personal (art. 17 CE), tanto por la falta de información sobre las causas de la detención como por la inexistencia de un control judicial efectivo mediante el procedimiento de habeas corpus.
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