¿Cómo garantizamos la identidad entre los hechos, la intervención policial y el conocimiento judicial?

¿Qué es la cadena de custodia y por qué existe?

Cuando la policía interviene una sustancia, un objeto o cualquier vestigio relacionado con un delito, ese elemento no llega directamente a la sala de vistas. Antes tiene que ser recogido, descrito, embalado, transportado, depositado y, muchas veces, analizado por un laboratorio o un perito. En ese trayecto, que puede durar meses e implicar a varias personas y organismos distintos, existe siempre el riesgo, al menos teórico, de que lo que finalmente se presenta como prueba en el juicio oral no sea exactamente lo mismo que se recogió en el lugar de los hechos, o de que se haya alterado, contaminado o confundido con otra evidencia.

La cadena de custodia es, precisamente, el conjunto de garantías y protocolos dirigidos a evitar ese riesgo. El Tribunal Supremo lo resume señalando que el problema que resuelve la cadena de custodia:“es garantizar que, desde que se recogen los vestigios relacionados con el delito, hasta que llegan a concretarse como pruebas en el momento del juicio, aquello, sobre lo que recaerá la inmediación, publicidad y contradicción de las partes y el juicio del tribunal, es lo mismo. Es a través de la cadena de custodia como se satisface la '"' de la prueba, pues al tener que pasar la sustancia intervenida por distintos lugares para que se verifiquen los distintos exámenes, es necesario tener la seguridad de que lo que se traslada y analiza es lo mismo en todo momento, desde que se intervienen hasta el momento final que se estudia y analiza y, en su caso, se destruye.” (STS 375/2021, de 5 de mayo).

De ahí nace el llamado principio de “mismidad”, es decir, la garantía de que lo intervenido, lo analizado y lo enjuiciado son una única e idéntica realidad probatoria. No es una exigencia decorativa, si no puede garantizarse la “mismidad”, se pone en cuestión la propia base fáctica sobre la que descansa la acusación, porque el tribunal estaría valorando algo distinto de lo que realmente ocurrió en la escena del delito.

Esta misma idea aparece formulada, en términos casi idénticos, en un asunto de terrorismo resuelto años antes, en el que la defensa cuestionó una prueba de ADN obtenida de una taza de café en la escena de un crimen:“Hemos dicho que es a través de la cadena de custodia como se satisface la garantía de lo que se ha denominado «la mismidad de la prueba» (STS 1190/2009, de 3 diciembre). […] la cadena de custodia es una figura tomada de la realidad a la que se tiñe de valor jurídico, con el fin de identificar plenamente el objeto intervenido, pues al tener que pasar por distintos lugares para que se verifiquen los correspondientes exámenes, es necesario tener la seguridad de que lo que se traslada y analiza es lo mismo en todo momento, desde que se recoge en el lugar del delito hasta el momento final en que se estudia, y en su caso, se destruye.” (STS 607/2012, de 9 de julio).

Para hacer efectiva esta garantía, la ley impone obligaciones concretas en cada fase del proceso. El art. 318 LECrim exige que los instrumentos, armas y efectos del delito se sellarán si fuera posible y se acordará su retención, conservación o envío al organismo adecuado para su depósito, y, tratándose de estupefacientes, el art. 3 de la Ley 17/1967, de 8 de abril, ordena su entrega al Servicio de Control de Estupefacientes para su análisis conforme a protocolos científicos reglados. Es sobre esta base normativa, recogida, sellado, depósito y análisis con garantías, sobre la que se construye toda la doctrina jurisprudencial que se expone a continuación.

Una garantía instrumental, no un derecho fundamental autónomo

El segundo pilar de la doctrina jurisprudencial, y quizá el que más confusión genera en la práctica, es que la cadena de custodia no constituye, en sí misma, ni una prueba ni un derecho fundamental. Es un instrumento al servicio de la fiabilidad del resultado pericial o material que se presenta como prueba de cargo.

Así lo explica el Tribunal Supremo, recogiendo doctrina anterior de la propia Sala:“La irregularidad de la 'cadena de custodia', de ser ese el caso, no constituye, de por sí, vulneración de derecho fundamental alguno que tan solo vendría dado por el hecho de admitir y dar valor a una prueba que se hubiera producido sin respetar las garantías esenciales del procedimiento y especialmente, el derecho de defensa, y en segundo lugar, que las formas que han de respetarse en las tareas de ocupación, conservación, manipulación, transporte y entrega en el laboratorio de destino de la sustancia objeto de examen, que es el proceso al que denominamos genéricamente 'cadena de custodia', no tiene sino un carácter meramente instrumental, es decir, que tan sólo sirve para garantizar que la analizada es la misma e íntegra materia ocupada, generalmente, al inicio de las actuaciones.” (STS 375/2021, de 5 de mayo).

La idea de la cadena de custodia como garantía instrumental, y no como derecho fundamental, es también el punto de partida de la STS 332/2019, que la formula citando a su vez otra sentencia de la Sala:“ en palabras de la STS 1/2014 de 21 de enero, la cadena de custodia no es un fin en sí mismo, sino que tiene un valor instrumental. Lo único que garantiza es la indemnidad de las evidencias desde que son recogidas hasta que son analizadas, lo que en caso de quiebra puede afectar a la credibilidad del análisis pero no a su validez.” (STS 332/2019, de 27 de junio, con cita de la STS 541/2018, de 8 de noviembre).

Y añade, sobre la misma idea:“ la cadena de custodia no es prueba en sí misma, sino que sirve de garantía formal de la autenticidad e indemnidad de la prueba pericial. Su infracción afecta a lo que se denomina verosimilitud de la prueba pericial y, en consecuencia, a su legitimidad y validez para servir de prueba de cargo en el proceso.” (STS 332/2019, de 27 de junio, con cita de la STS 587/2014, de 18 de julio).

Esta distinción, entre la cadena de custodia como garantía instrumental y los derechos fundamentales que sí pueden verse comprometidos por su ruptura (defensa, proceso con todas las garantías, presunción de inocencia), es la clave que permite entender por qué no toda quiebra de la cadena produce el mismo efecto jurídico. Y es también la puerta de entrada a la pregunta que más preocupa en la práctica: ¿cuándo una ruptura anula la prueba y cuándo simplemente la debilita?

La ruptura de la cadena de custodia: por qué no toda irregularidad es nulidad

La respuesta que da el Tribunal Supremo, de forma reiterada, es que la ruptura de la cadena de custodia no equivale automáticamente a la nulidad de la prueba. Lo dice con particular claridad la STS 195/2014, resolviendo un recurso en el que se habían detectado discrepancias entre los distintos pesajes de una sustancia estupefaciente a lo largo del procedimiento:“Irregularidad en los protocolos establecidos como garantía para la cadena de custodia no equivale a nulidad. Habrá que valorar si esa irregularidad (no mención de alguno de los datos que es obligado consignar; ausencia de documentación exacta de alguno de los pasos…) es idónea para despertar dudas sobre la autenticidad o indemnidad de la fuente de prueba. No es una cuestión de nulidad o inutilizabilidad, sino de fiabilidad.” (STS 195/2014, de 3 de marzo).

Esta frase resume el criterio central, nulidad y fiabilidad son planos distintos. Una irregularidad puede debilitar el valor probatorio de un análisis, y ser tenida en cuenta por el tribunal al ponderar si la prueba es o no convincente, sin que ello implique expulsarla del proceso. En el caso resuelto por esta sentencia, el recurrente pretendía que las discrepancias de peso llevasen, “a lo sumo”, a una condena por el tipo básico del art. 368 del Código Penal en lugar del subtipo agravado aplicado; el Tribunal Supremo rechazó esa consecuencia, recordando que el acusado había tenido oportunidad, tanto en instrucción como en el plenario, de solicitar nuevos análisis y de interrogar a los peritos y agentes intervinientes, por lo que ninguna indefensión se había producido.

La STS 332/2019 desarrolla este criterio ofreciendo un catálogo, no cerrado, de defectos que la Sala considera meras irregularidades formales o burocráticas, insuficientes por sí solas para cuestionar la “mismidad” de la prueba:

“1.- Defectuosa o errónea numeración de las cajas que contienen la fuente de prueba.

2.- No consta el número de diligencias.

3.- No consta el acta de remisión de los elementos empíricos desde que se recogieron hasta su entrega en la sede policial.

4.- Falta de precinto.

5.- Embalaje inadecuado que no afecta a la muestra y a la información que cabe extraer de ella; o 6.- Mero retraso en la remisión al laboratorio de la sustancia intervenida para su análisis.”(STS 332/2019, de 27 de junio).

“Se añade por esta Sala que estos casos y otros similares, no siembran dudas sobre la identidad de las sustancias u objetos ocupados, ya que se corresponde con lo intervenido policialmente. Estamos ante disfunciones de tipo más bien burocrático, que, en principio, salvo que vayan acompañadas de otra serie o conjunto de irregularidades que hagan peligrar la seguridad de la cadena de custodia, no tienen por qué cuestionar la autenticidad y mismidad de los vestigios y evidencias que fundamentan la prueba de cargo.” (STS 332/2019, de 27 de junio).

Frente a esas irregularidades menores, la misma sentencia identifica los supuestos que sí pueden comprometer la validez de la prueba:“Y ya centrados en lo que sí puede suponer la infracción de esta cadena se puede decir que otra cosa son los supuestos de grave alteración, contaminación, destrucción o pérdida de las muestras, efectos o instrumentos utilizados en la acción criminal, o incluso cuando las irregularidades administrativas generan una incertidumbre jurídica importante sobre el lugar y personas donde han estado los elementos fácticos.” “Sólo si las deficiencias formales despiertan serias dudas racionales, debería prescindirse de esta fuente de prueba, no por el incumplimiento de algún trámite o diligencia establecida en el protocolo de recepción de muestras y su custodia, sino por quedar cuestionada su autenticidad.”(STS 332/2019, de 27 de junio, con cita de la STS 129/2015, de 4 de marzo).

Y, para evitar que cualquier alegación genérica sirva para cuestionar toda la prueba, la Sala impone una carga argumentativa precisa a quien invoca la ruptura: “Para examinar adecuadamente si se ha producido una ruptura relevante de la cadena de custodia no es suficiente con el planteamiento de dudas de carácter genérico, es necesario que la parte que la cuestione precise en qué momentos, a causa de qué actuaciones y en qué medida se ha producido tal interrupción.” (STS 332/2019, de 27 de junio).

En definitiva, la gravedad de la afectación, y no la mera existencia de un defecto formal, es lo que determina si estamos ante una cuestión de fiabilidad (que el tribunal pondera al valorar la prueba) o ante una cuestión de validez (que puede llevar a excluirla).

Cuándo sí hay nulidad: derechos fundamentales y la doctrina del árbol envenenado

Todo lo anterior cambia cuando la forma en que se obtuvo, custodió o utilizó la prueba no es un simple defecto de protocolo, sino que ha supuesto la vulneración de un derecho fundamental, singularmente el derecho de defensa o el derecho a un proceso con todas las garantías del art. 24 CE. Aquí entra en juego el art. 11.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que establece que no surtirán efecto las pruebas obtenidas, directa o indirectamente, violentando los derechos o libertades fundamentales.

Es en este terreno, y no en el de la mera irregularidad de protocolo. donde se sitúa la conocida doctrina del fruto del árbol envenenado de origen jurisprudencial constitucional y asumida por el Tribunal Supremo, si la prueba originaria se obtuvo con vulneración de un derecho fundamental, esa vulneración puede “contaminar” también a las pruebas derivadas de ella, aunque estas últimas se hayan obtenido de forma en sí misma correcta. La nulidad, en tal caso, no se limita al acto viciado, sino que se proyecta sobre todo lo que trae causa de él.

Esto explica por qué el efecto de una ruptura de la cadena de custodia no puede analizarse en abstracto, sino en función de qué garantía en concreto se ha visto afectada:

Por un lado, si lo que falla es un protocolo interno de manipulación o transporte, sin que ello comprometa un derecho fundamental, estamos en el terreno de la fiabilidad, por tanto, el defecto se valora, pero no contamina el resto del proceso. Por otro lado, si, en cambio, la forma de obtención de la prueba ha vulnerado el derecho de defensa, por ejemplo, porque una persona prestó una declaración que después se utiliza en su contra sin haber tenido la asistencia letrada que le correspondía una vez que la investigación se dirigió hacia ella, la consecuencia puede ser la nulidad de esa prueba concreta, con arreglo al art. 11.1 LOPJ, y esa nulidad puede a su vez arrastrar a las pruebas que se obtuvieron exclusivamente a partir de ella, conforme a la doctrina del árbol envenenado.

Conviene subrayar que este último escenario, declaración sin asistencia letrada que después se vuelve contra quien la prestó, responde a un desarrollo doctrinal general sobre prueba ilícita y su efecto reflejo, y no a un pronunciamiento textual localizado en las sentencias que hemos podido verificar en este trabajo. Antes de emplearlo en un escrito dirigido a un procedimiento concreto, sería conveniente localizar y verificar una sentencia que lo respalde expresamente.

Por eso, frente a una alegación de ruptura de la cadena de custodia, la primera pregunta que debe hacerse el defensor no es “¿hay un defecto?”, sino “¿qué garantía protege ese defecto, y es una garantía de mero protocolo o una garantía constitucional?”. De la respuesta depende si el resultado, en el mejor de los casos para la defensa, será la simple pérdida de fuerza probatoria de un informe pericial, o la nulidad de la prueba y, eventualmente, de todo lo que dependa de ella.

Conclusión

La cadena de custodia protege la “mismidad” de la prueba, pero lo hace como garantía instrumental, no como derecho fundamental autónomo. De ahí se derivan dos consecuencias prácticas que conviene tener siempre presentes:

1. No toda ruptura o irregularidad determina la nulidad de la prueba. Las irregularidades meramente formales o burocráticas, numeración, precintos, retrasos, discordancias menores, se valoran como una cuestión de fiabilidad, dentro de la libre valoración de la prueba por el tribunal.

2. La nulidad solo entra en juego cuando la ruptura reviste entidad suficiente para generar dudas razonables sobre la autenticidad de la fuente de prueba, o cuando el defecto denunciado implica, en realidad, la vulneración de un derecho fundamental (art. 11.1 LOPJ). Solo en este segundo supuesto cobra sentido invocar la doctrina del árbol envenenado para extender la nulidad a las pruebas derivadas.

Distinguir correctamente entre ambos planos, fiabilidad y nulidad, es, en la práctica, la clave de cualquier estrategia de defensa que pretenda cuestionar con éxito una cadena de custodia.