La estafa en el Código Penal: delito, tipos y defensa

La mayoría de los procedimientos por estafa no se ganan ni se pierden en el debate sobre la pena. Se deciden antes, en tres preguntas que conviene hacerse desde la primera entrevista: si los hechos tienen relevancia penal o son un incumplimiento civil, si el engaño era suficiente para quien lo sufrió y qué tipo concreto del Código Penal encaja con la mecánica del fraude.

Esta guía responde a esas preguntas desde la práctica, tanto para la defensa como para la acusación particular. Parte de los arts. 248 a 251 del Código Penal, reordenados por la LO 14/2022. Si busca un resumen breve de los elementos y las penas básicas, léalo en delito de estafa: elementos y penas. Cómo se fija la pena, qué agravantes se discuten y qué ha cambiado con la LO 1/2026 lo tratamos en estafa agravada: agravantes, concursos y LO 1/2026.

Estafa o incumplimiento civil: cuándo hay delito

La línea entre la estafa y el contrato incumplido la marca el momento en que nace la intención de no cumplir. Si el autor ya sabía al contratar que no iba a cumplir, y lo ocultó para obtener la prestación, hay estafa. Si la voluntad de incumplir aparece después, por dificultades económicas o un cambio de planes, hay un ilícito civil, por grave que sea el perjuicio.

Es lo que la Sala Segunda del Tribunal Supremo llama «negocio jurídico criminalizado»: el contrato se usa como escenario del engaño. El dolo sobrevenido o subsequens no basta para la estafa. Es el primer argumento que debe explorar la defensa en cualquier asunto de origen contractual.

Indicios del dolo antecedente

El dolo no se confiesa: se prueba por indicios. Estos son los que más pesan en las resoluciones:

• Capacidad real de cumplir al contratar: solvencia, medios, autorizaciones administrativas, personal.
• Actos preparatorios de ejecución: encargos a terceros, licencias solicitadas, pagos a proveedores. Su existencia apunta a un incumplimiento sobrevenido.
• Destino del dinero recibido: si se aplicó al proyecto o se desvió de inmediato.
• Patrón repetido: la misma operación con varias contrapartes y el mismo desenlace.

Contratos de ejecución prolongada

Aquí la jurisprudencia admite matices. Puede haber estafa cuando el autor, ya en marcha la relación, descubre que no podrá cumplir, lo calla y sigue cobrando entregas. Para la acusación, ese tramo final suele ser el más fácil de probar.

Una advertencia para la acusación: el principio de intervención mínima no es un tópico de las sentencias absolutorias. Si la querella describe solo un impago, el archivo es previsible. Debe identificar con precisión cuál fue el engaño y cuándo se produjo.

El engaño bastante y la diligencia de la víctima

No toda mentira con resultado patrimonial es estafa. El art. 248 del Código Penal exige un engaño bastante, es decir, apto para provocar el error en quien dispuso. Es probablemente el elemento más litigado del tipo, y también el más maleable.

El Tribunal Supremo lo valora hoy con un criterio mixto:

• Medida objetiva: lo que una persona de diligencia media habría advertido.
• Medida subjetiva: las condiciones de la víctima concreta, como su edad, formación, situación emocional o dependencia del autor.

El resultado práctico es que un engaño tosco puede ser bastante si el autor eligió a una víctima incapaz de detectarlo.

El argumento de la autoprotección

La defensa recurre con frecuencia al deber de autotutela: la víctima no comprobó lo que podía comprobar y, por tanto, el error le es imputable. Este argumento ha perdido mucha fuerza. La línea jurisprudencial actual solo lo acepta ante engaños groseros o descuidos clamorosos. Rechaza exigir a quien contrata una desconfianza sistemática que el tráfico jurídico no presupone.

Hay un argumento de fondo útil para ambas partes. Si el engaño se midiera por la capacidad de la víctima para descubrirlo, toda estafa consumada demostraría que fue suficiente, y toda estafa frustrada que no lo fue. Por eso los tribunales ponen el foco en la conducta del autor, no en la perspicacia del perjudicado.

Cómo plantearlo en la práctica

• Defensa: la autoprotección rara vez prospera sola. Funciona mejor con una víctima profesional o cualificada (entidades financieras, inversores sofisticados) que omitió comprobaciones propias de su actividad.
• Acusación: documente desde el principio las circunstancias personales de la víctima y su relación previa con el autor. Es lo que permite rebatir el argumento del engaño burdo.
• Víctimas vulnerables: personas mayores, con discapacidad o en dependencia emocional rebajan el umbral de suficiencia. Los timos callejeros clásicos se castigan precisamente por esta razón.

Un caso frontera son las estafas sentimentales en línea, donde el engaño se construye durante meses. Los tribunales tienden a considerarlo bastante por la intensidad del vínculo creado, aunque visto desde fuera parezca inverosímil.

Fraude informático: qué castiga el art. 249 del Código Penal

En buena parte de los fraudes actuales nadie es engañado en sentido estricto. El autor entra en la banca en línea con claves ajenas, usa los datos de una tarjeta o manipula un sistema, y la transferencia la ordena una máquina. Para estos casos existe el art. 249 del Código Penal. Tras la LO 14/2022, agrupa el fraude informático y el uso fraudulento de instrumentos de pago distintos del efectivo, con pena de seis meses a tres años de prisión.

Art. 248 o art. 249: el criterio del medio empleado

Lo decisivo es el medio. Si el desplazamiento patrimonial se obtiene manipulando un sistema informático o usando un instrumento de pago distinto del efectivo, el tipo es el del art. 249, haya o no una persona al otro lado. Así, pagar con una tarjeta ajena en un comercio, con datáfono y ante un empleado, también se castiga por el art. 249.1.b) (SSTS 547/2026, de 23 de septiembre, y 565/2026, de 25 de septiembre). El art. 248 queda para el engaño a una persona que dispone por error sin que intervenga ninguno de esos instrumentos.

Tres claves del art. 249

• El objeto se ha ampliado. El art. 249 ya no se limita a tarjetas y cheques. Alcanza cualquier instrumento de pago material o inmaterial: monederos electrónicos, aplicaciones de pago y, en la medida en que se usen como medio de pago, activos virtuales.
• Los actos preparatorios se castigan de forma autónoma. Fabricar, poseer o facilitar programas o dispositivos destinados al fraude, o hacerse ilícitamente con instrumentos de pago para usarlos, tiene la misma pena que el fraude consumado. La defensa tiene margen para cuestionar la proporcionalidad y el elemento subjetivo de destino al fraude.
• No hay delito leve. El art. 249 fija una pena única, sin el umbral de 400 € del art. 248. La cuestión dividió a los tribunales tras la reforma, pero ya está resuelta. En línea con la Consulta FGE 1/2024, el Tribunal Supremo ha declarado que el art. 249 es un tipo autónomo, sin modalidad atenuada por cuantía. El fraude informático o con instrumentos de pago de hasta 400 € es siempre delito menos grave (SSTS 547/2026 y 565/2026, que citan las SSTS 205/2025, 101/2026 y 296/2026). Para la defensa, el margen está ahora en la individualización de la pena dentro del tramo de seis meses a tres años y en la suspensión de su ejecución.

La víctima de un fraude informático tiene además una vía civil frente a su entidad. La normativa de servicios de pago hace responder al banco de las operaciones no autorizadas, salvo fraude o negligencia grave del cliente. A menudo es más rápida que esperar al resultado del proceso penal.

En estos asuntos también se discute con frecuencia qué juzgado es competente. Lo analizamos en la competencia territorial en la estafa informática.

Muleros: ¿cooperación en la estafa o blanqueo de capitales?

Casi ningún fraude en línea se completa sin alguien que reciba el dinero en su cuenta y lo reenvíe. Estos intermediarios suelen ser captados con ofertas de empleo aparentemente legítimas y con frecuencia son los únicos investigados identificables. Su calificación jurídica sigue sin resolverse de forma uniforme:

• Cooperación necesaria en el fraude (arts. 28 y 249 CP). Exige probar el conocimiento, al menos eventual, de participar en un fraude ajeno.
• Blanqueo doloso (art. 301.1 CP). Exige probar el conocimiento del origen delictivo del dinero; se admite el dolo eventual.
• Blanqueo imprudente (art. 301.3 CP). Exige probar una imprudencia grave: indicios que debían haber alertado y no se atendieron.

Qué dice la jurisprudencia

No hay una regla única: la calificación depende de lo que el intermediario sabía y de cómo intervino. La STS 506/2015, de 27 de julio, abrió la vía del blanqueo para quien se limita a recibir el dinero y colocarlo en el extranjero sin participar en la obtención de las claves. Precisó además que el blanqueo imprudente es un delito común: puede cometerlo cualquier particular, no solo los sujetos obligados por la normativa de prevención.

La jurisprudencia posterior ha matizado ese criterio. Cuando el intermediario conoce la ilicitud y además se queda con el dinero, hay cooperación necesaria en la estafa (SSTS 51/2020 y 253/2020, según las recoge la SAP Cantabria 160/2022, de 9 de mayo). Estas resoluciones aplican el antiguo art. 248.2, hoy art. 249.1.a), pero el criterio es trasladable.

Las audiencias siguen resolviendo de forma distinta casos muy parecidos:

• SAP Ciudad Real 55/2019, de 11 de marzo: cooperador necesario en la estafa informática, con dolo eventual, quien aceptó una oferta de trabajo para recibir y retirar fondos.
• SAP Cantabria 160/2022: misma calificación para quienes abrieron cuentas solo para recibir las transferencias y dispusieron del dinero.
• SAP Castellón 378/2022, de 16 de noviembre: confirma una condena por blanqueo imprudente, aunque el acusado se había quedado con lo recibido.

Para la defensa, el blanqueo imprudente del art. 301.3 es la calificación más favorable (prisión de seis meses a dos años, más multa). El blanqueo doloso del art. 301.1 tiene una pena superior a la de la estafa. Más información en nuestra página sobre el delito de blanqueo de capitales.

Dónde se gana o se pierde

El debate real está en el elemento subjetivo, y los tribunales son exigentes con el intermediario. Muchas condenas se apoyan en máximas de experiencia: nadie necesita a un tercero para hacer una transferencia lícita, y una comisión desproporcionada por reenviar dinero al extranjero debería despertar sospechas. Se invoca a menudo la ignorancia deliberada, y las circunstancias personales del acusado pueden pesar en su contra. En la SAP Castellón 378/2022, por ejemplo, pesó su condición de ingeniero.

La defensa tiene más recorrido en dos frentes:

1. Rebajar el dolo eventual a imprudencia, con la distinción de la STS 506/2015. Actúa con dolo eventual quien es consciente de la alta probabilidad del origen delictivo y le resulta indiferente. Actúa con imprudencia quien solo podía sospecharlo con una cautela elemental.
2. Acreditar circunstancias que expliquen el error: un contrato y una empresa con apariencia real, la falta de formación o que fue el propio intermediario quien alertó a su banco o denunció los hechos.

Consecuencias procesales

Estafa y blanqueo protegen bienes jurídicos distintos. Si la acusación califica solo por uno, una condena por el otro puede chocar con el principio acusatorio. La acusación debe formular calificaciones alternativas desde el escrito de conclusiones provisionales. En la SAP Cantabria 160/2022, la acusación particular lo intentó ya en apelación, aunque la Sala no llegó a pronunciarse porque confirmó la condena por estafa.

Estafa inmobiliaria y otras estafas impropias: el art. 251 del Código Penal

El art. 251 del Código Penal recoge tres fraudes ligados al tráfico de bienes, con pena propia de uno a cuatro años de prisión y sin el umbral de los 400 €. Son muy frecuentes en asuntos inmobiliarios, también en los de clientes extranjeros que compran vivienda en España.

• Atribuirse una facultad de disposición que no se tiene sobre un bien mueble o inmueble y venderlo, gravarlo o arrendarlo. Es el caso de quien vende un piso que ya no es suyo o que nunca lo fue.
• Disponer de un bien ocultando sus cargas, o venderlo de nuevo antes de que se consume la primera transmisión (la doble venta). Las cargas no son solo hipotecas: incluyen embargos, anotaciones preventivas y prohibiciones de disponer.
• Otorgar un contrato simulado en perjuicio de otro, como una venta ficticia a un familiar para sustraer el bien a un tercero.

Especialidad frente al art. 250

El Tribunal Supremo resuelve el concurso de normas a favor del art. 251, que desplaza tanto al tipo básico como a las agravantes del art. 250. Esas circunstancias pueden pesar al fijar la pena dentro del marco de uno a cuatro años, por la vía del art. 66, pero no como tipo agravado. Por eso tampoco procede la pena de multa del art. 250 (STS 434/2019, de 1 de octubre, que cita en el mismo sentido las SSTS 941/2007, 362/2010, 69/2011 y 90/2014).

Hubo una línea contraria, que dio prevalencia al art. 250 cuando la estafa recaía sobre una vivienda (STS 954/2010, de 3 de noviembre). La propia STS 434/2019 admite que la cuestión es controvertida. Para la acusación, el argumento sigue disponible en asuntos de gran cuantía. Para la defensa, la línea mayoritaria limita la pena a cuatro años.

Engaño y cuantía

Son tipos especiales frente al art. 248, con su propia forma de engaño. En el apartado 1, atribuirse una facultad de disposición de la que se carece. En el apartado 2, presentar como libre un bien gravado; por ejemplo, afirmar que una hipoteca está pagada y solo pendiente de cancelación (STS 90/2014, según la recoge la STS 434/2019).

Si se discute la cuantía, solo computa lo obtenido gracias al engaño. Los pagos hechos antes, en cumplimiento de un contrato que entonces no era fraudulento, se indemnizan, pero no forman parte de lo defraudado (STS 434/2019).

Frontera con el alzamiento de bienes

Si el perjudicado por el contrato simulado es un acreedor, el tipo aplicable suele ser el alzamiento de bienes del art. 257, no el art. 251.

¿Debía el comprador consultar el Registro?

En la ocultación de cargas, la defensa invoca a veces que el comprador no consultó el Registro o renunció a la nota simple. La STS 434/2019 lo rechazó en un caso de embargo ocultado al otorgar la escritura. El comprador no está obligado a una diligencia extrema ni a una desconfianza sistemática para conservar la protección penal.

Ideas clave

• El momento del dolo decide si hay estafa o un incumplimiento civil: debe existir al contratar, y se prueba por indicios.
• El engaño bastante se mide con un criterio mixto, y la autoprotección de la víctima solo prospera ante engaños groseros.
• El medio empleado separa el art. 248 del art. 249: con sistemas informáticos o instrumentos de pago, siempre el 249 y sin delito leve.
• La calificación del mulero depende de lo que sabía: cooperación en la estafa, blanqueo doloso o blanqueo imprudente.
• El art. 251 desplaza al art. 250 en las estafas inmobiliarias según la línea mayoritaria, con pena de uno a cuatro años.

Una vez fijado el tipo, el siguiente paso es calcular la pena. Lo explicamos en estafa agravada: agravantes, concursos y LO 1/2026.

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