A veces, el éxito de una defensapenal no reside en negar lo evidente, sino en saber redefinir el destino delacusado. Recientemente, en Fukuro Legal, hemos logrado transformar una condenainminente de casi cuatro años de prisión en una expulsión inmediata delterritorio nacional.
Nuestro cliente, norteamericano,fue sorprendido en un control rutinario tras aterrizar en Madrid con unacantidad de marihuana en su equipaje que excedía con creces el umbral de lanotoria importancia. La solidez de las pruebas de cargo y las circunstancias dela aprehensión dejaban poco espacio para una estrategia basada en la negaciónde la autoría, lo que nos obligó a centrar el debate jurídico en lacalificación del grado de antijuridicidad y culpabilidad. La conducta seencuadraba en un transporte transfronterizo puntual, donde el sujeto operabacomo mero transportista, carente de cualquier infraestructura, medios dedistribución o contactos en territorio nacional que pudieran sugerir unaestructura organizada o profesionalidad en el tráfico ilícito.
Ante este escenario, nuestraestrategia de defensa se articuló a través de la invocación del subtipoatenuado previsto en el artículo 368.2 del Código Penal y de la aplicación dela expulsión sustitutiva contemplada en el artículo 89 del mismo texto legal.Sostuvimos que, pese a la gran cantidad intervenida, el hecho presentaba unaescasa entidad atendiendo a su carácter excepcional y a la ausencia de unapeligrosidad criminal relevante en el autor.
Esta interpretación no fuecompartida inicialmente por el Ministerio Fiscal, que, pese a la existencia de consolidadajurisprudencia, negaba la compatibilidad entre la agravación por cantidad delartículo 369.1.5.º y la atenuación circunstancial del artículo 368.2. Asimismo,la acusación no apreciaba, prima facie, que las circunstancias del hechoo del autor permitieran una minoración de la gravedad de la conducta o de laculpabilidad, y sostenía que el acusado debía cumplir en España, al menos, dostercios de la pena de prisión para evitar un eventual efecto de impunidad.
Frente a esta posición, aportamosuna exhaustiva prueba documental relativa a las circunstancias personales delacusado, con el objetivo de acreditar una menor reprochabilidad penal y situarla pena en un marco que permitiera una respuesta penal eficaz al margen delsistema penitenciario español.
Sin embargo, el núcleo de nuestraestrategia de defensa fue la expulsión sustitutiva. Una institución jurídica comouna respuesta penal específica prevista para ciudadanos extranjeros carentes dearraigo en España. Así, el legislador establece que, cuando la pena impuestasupera el año de prisión, la regla general debe ser la expulsión del territorionacional, salvo que concurran razones excepcionales que justifiquen elcumplimiento efectivo de la pena en España. Desde esta óptica, la expulsiónsustitutiva opera como un auténtico instrumento de economía del castigo.Es decir, cuando el condenado carece de vínculos personales, familiares osociales en territorio nacional, el ingreso en un centro penitenciario españolpierde gran parte de su finalidad resocializadora y preventiva, convirtiéndoseen un coste estéril para el Estado que no aporta un valor añadido real a laseguridad colectiva.
Sostuvimos que la ejecucióninmediata de la expulsión satisfacía plenamente los fines de la pena, en lamedida en que la privación de la libertad deambulatoria, el estigma de adquirirpor primera vez antecedentes penales y la prohibición de entrada en Españadurante un periodo prolongado, constituían un reproche penal suficientementesevero y disuasorio. Para fundamentar esta tesis, recordamos que la normativaexige un juicio de proporcionalidad reforzado para denegar la expulsión total;esto es, a diferencia de lo que sucede con el subtipo atenuado, correspondía ala acusación justificar por qué el cumplimiento efectivo de la pena en Españaresultaba estrictamente necesario para restablecer la confianza en la vigenciade la norma.
En el supuesto concreto denuestro cliente, acreditamos que su papel en el tráfico ilícito era periféricoy contingente, fácilmente sustituible dentro de la cadena de distribución. Retornaríaa un país ajeno a las vías tradicionales de tráfico de drogas con España. Mantenerel internamiento de una figura tan contingente no contribuiría aldesmantelamiento de estructuras criminales organizadas, sino que únicamentesupondría una sobrecarga adicional para el sistema penitenciario español, conescasas posibilidades de reinserción social efectiva fuera de su entornonatural en Estados Unidos.
Finalmente, el acuerdo alcanzadoen sala supuso la validación íntegra de este planteamiento defensivo. Seformalizó una conformidad que acordó la expulsión total e inmediata delacusado, sustituyendo la totalidad de la pena de prisión de más de 4 años porla salida obligatoria del territorio nacional y la imposición de unaprohibición de entrada en España por un periodo de cinco años. Este desenlace permitiráahora el retorno inmediato de nuestro cliente a Estados Unidos sin deudaspendientes con la justicia española.
Si algo pone de manifiesto esteasunto, es que, como constatamos con frecuencia en el despacho, cuando nosencontramos ante clientes sin vínculos con España e implicados en hechosdelictivos que ofrecen escaso margen de discusión, la pena sustitutiva deexpulsión se erige como una solución idónea. Permite hacer prevalecer tanto losintereses del acusado como la vigencia de la norma penal, evitando los efectos queen la vida de una persona producen años de prisión, así como los elevadoscostes que estas generan para el Estado.
En Fukuro Legal celebramosgratamente este resultado porque refleja una forma de entender el Derecho penalbasada en el análisis riguroso del caso concreto y en la búsqueda de solucionesproporcionadas y eficaces. Casos como éste refuerzan nuestra convicción de queuna defensa técnicamente sólida, humana y estratégicamente bien orientada puedeofrecer respuestas justas incluso en escenarios complejos.
