Ser acusado de un delito contra la salud pública sin antecedentes penales es una situación muy distinta a la de quien ya ha sido condenado antes. El Código Penal prevé penas elevadas para el tráfico de sustancias estupefacientes, pero ofrece al acusado primario herramientas que pueden cambiar mucho el resultado: la rebaja por escasa entidad, la suspensión de la pena o un acuerdo con la Fiscalía. Este artículo explica cómo funcionan, con especial atención a los ciudadanos extranjeros.
En resumen
- El artículo 368 del Código Penal castiga el tráfico de drogas con prisión de tres a seis años si la sustancia causa grave daño a la salud y de uno a tres años en los demás casos; carecer de antecedentes no cambia esa horquilla, pero sí lo que puede ocurrir después.
- Si la pena final no supera dos años y es la primera condena, el juez puede suspender su ejecución (artículo 80), siempre que se cumplan además los demás requisitos legales; para extranjeros, las penas de más de un año se sustituyen por regla general por la expulsión (artículo 89), con excepciones.
- La cantidad y la pureza de la droga son decisivas: pueden permitir una rebaja por escasa entidad o, al contrario, llevar a la agravante de notoria importancia.
Qué penas prevé el Código Penal para un delito contra la salud pública
El artículo 368 del Código Penal castiga a quienes ejecuten actos de cultivo, elaboración o tráfico, o de otro modo promuevan, favorezcan o faciliten el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, o las posean con ese fin. Distingue dos niveles:
- Sustancias que causan grave daño a la salud (por ejemplo, cocaína, heroína o drogas sintéticas): prisión de tres a seis años y multa del tanto al triplo del valor de la droga.
- Resto de sustancias (típicamente el cannabis y sus derivados): prisión de uno a tres años y multa del tanto al duplo.
Para una visión general del delito y de sus modalidades puede consultar nuestro artículo sobre el tráfico de drogas en España: penas y defensa. Aquí nos centramos en lo que cambia cuando el acusado no tiene antecedentes.
El papel de la cantidad: de la escasa entidad a la notoria importancia
Rebaja por escasa entidad
El segundo párrafo del artículo 368 permite imponer la pena inferior en grado atendiendo a la escasa entidad del hecho y a las circunstancias personales del culpable. Aquí es donde la falta de antecedentes pesa especialmente: un acusado primario, con una cantidad pequeña y sin indicios de organización, tiene más posibilidades de beneficiarse de esta rebaja. En la práctica, la pena mínima por tráfico de drogas baja así de forma notable: en sustancias que causan grave daño, la pena inferior en grado va de un año y seis meses hasta dos años, once meses y veintinueve días; en las demás, de seis meses hasta once meses y veintinueve días. La rebaja no es posible si concurren las circunstancias de los artículos 369 bis o 370.
Conviene tener presente que, con sustancias que causan grave daño, incluso con esta rebaja la pena puede superar los dos años, por lo que la rebaja no garantiza por sí sola la posibilidad de suspender la condena.
Cantidad de notoria importancia
En el extremo opuesto, el artículo 369 impone la pena superior en grado y multa del tanto al cuádruplo cuando concurre alguna agravante, entre ellas que la cantidad sea de notoria importancia. El Código Penal no fija esa cantidad: el Tribunal Supremo la ha concretado como criterio jurisprudencial, a partir de un acuerdo de Pleno no jurisdiccional, en 500 dosis de consumo diario de la sustancia pura.
Por eso el análisis de pureza que realiza el laboratorio oficial es una de las pruebas más importantes del procedimiento: la defensa debe revisar el peso neto, la riqueza en principio activo y la cadena de custodia de la muestra.
Consumo propio
La posesión de droga para el propio consumo no es delito, aunque, cuando tiene lugar en lugares públicos, puede dar lugar a una sanción administrativa. La discusión sobre si una cantidad estaba destinada al consumo propio o a la venta es frecuente y se resuelve atendiendo a la cantidad, su distribución en dosis, el dinero intervenido y otros indicios.
Suspensión de la pena para quien no tiene antecedentes
El artículo 80 del Código Penal permite suspender la ejecución de penas de prisión que, individualmente o sumadas, no superen dos años. Las condiciones principales son que el condenado haya delinquido por primera vez, sin contar los antecedentes ya cancelados o que debieran serlo, y que haya satisfecho las responsabilidades civiles y hecho efectivo el decomiso acordado en sentencia, o asuma el compromiso de hacerlo de acuerdo con su capacidad económica y sea razonable esperar que lo cumplirá.
En la práctica, esto significa que un acusado sin antecedentes que obtenga una pena de dos años o menos, por ejemplo gracias a la rebaja por escasa entidad o a un acuerdo de conformidad, puede no ingresar en prisión. Si en el plazo de suspensión vuelve a delinquir o incumple las condiciones impuestas, la suspensión puede revocarse.
El artículo 80.5 prevé además un régimen especial para personas que cometieron el delito a causa de su dependencia de sustancias: permite suspender penas de hasta cinco años si se acredita que están deshabituadas o en tratamiento. Además, el Código Penal contempla una rebaja de la pena para el drogodependiente que haya finalizado con éxito un tratamiento de deshabituación, siempre que la cantidad no sea de notoria importancia o de extrema gravedad.
Acuerdo con la Fiscalía y juicio rápido
Muchos procedimientos por tráfico de drogas terminan con una conformidad: el acusado reconoce los hechos y acepta una pena pactada con la Fiscalía, normalmente inferior a la inicialmente pedida. Cuando el caso se tramita como juicio rápido y se cumplen los requisitos del artículo 801 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (entre otros, que la pena prevista no supere tres años de prisión y que la pena solicitada, reducida en un tercio, no exceda de dos años), la conformidad ante el juzgado de guardia permite reducir la pena en un tercio. Esta vía es posible sobre todo en casos de cannabis de escasa cantidad.
Aceptar una conformidad es una decisión seria: supone una condena firme y genera antecedentes penales. Debe tomarse siempre con asesoramiento letrado y conociendo bien la prueba que existe en la causa.
Extranjeros: expulsión en lugar de prisión
Para los acusados extranjeros, el artículo 89 del Código Penal prevé que, por regla general, las penas de prisión de más de un año se sustituyan por la expulsión del territorio español, con prohibición de regresar durante un plazo de cinco a diez años. De forma excepcional, el tribunal puede acordar que se cumpla en prisión una parte de la pena y que el resto se sustituya por la expulsión. Para ciudadanos de la Unión Europea la expulsión solo procede si representan una amenaza grave para el orden público o la seguridad, y no se acuerda si resulta desproporcionada por el arraigo de la persona en España.
La expulsión puede ser una opción ventajosa o, al contrario, un perjuicio grave para quien tiene su vida en España. Lo explicamos con un ejemplo real en este caso en el que una pena de cuatro años se convirtió en expulsión. Si ha sido detenido, conviene conocer también los derechos del detenido extranjero en España.
Preguntas frecuentes
¿Voy a entrar en prisión si no tengo antecedentes?
No necesariamente. Depende de la pena final: si no supera dos años, el juez puede suspenderla, siempre que se cumplan los demás requisitos. Con sustancias que causan grave daño a la salud, llegar a ese límite exige normalmente aplicar alguna rebaja, como la escasa entidad o una conformidad, y ni siquiera así está garantizado.
¿Cuenta un antecedente en otro país?
Las condenas firmes dictadas en otros Estados de la Unión Europea pueden tenerse en cuenta en España en determinados efectos, como la agravante de reincidencia.
¿Qué pasa si me cancelan los antecedentes?
Los antecedentes cancelados, o que deberían haberse cancelado, no se tienen en cuenta para la suspensión de la pena (artículo 80.2.1.ª).
¿Necesito intérprete?
Sí, si no entiende bien el español. Tiene derecho a intérprete gratuito durante la detención, la declaración y el juicio.
Conclusión
Carecer de antecedentes no reduce la pena prevista para un delito contra la salud pública, pero abre puertas importantes: la rebaja por escasa entidad, la suspensión de la condena, la conformidad o, para extranjeros, la sustitución por expulsión. Elegir bien entre esas opciones exige estudiar la prueba desde el principio. Un abogado especialista en tráfico de drogas puede valorar su caso concreto. Contacte con Fukuro Legal; atendemos en español, inglés y alemán.


